Declaraciones de Margarita Stolbizer respecto al conflicto con el campo:

“EL GOBIERNO DEBE LIBERAR YA LAS EXPORTACIONES DE CARNE Y TRIGO PARA QUE LA PROPUESTA DE ACUERDO CON EL CAMPO SEA CREÍBLE. SOSTENER LA RESOLUCIÓN DEL AUMENTO DE LAS RETENCIONES ES SOSTENER UNA MEDIDA INCONSTITUCIONAL, POR CONFISCATORIA Y POR DEJAR EN MANOS DE UN FUNCIONARIO DE SEGUNDA JERARQUÍA, LA FACULTAD DE CREAR O AUMENTAR UN IMPUESTO QUE DEBERÍA DISCUTIRSE EN EL CONGRESO”.

Frente a la decisión del campo, de protestar sin afectar la circulación ni producir desabastecimiento, EL GOBIERNO DEBERIA DEMOSTRAR UNA SERIA VOLUNTAD DE DISCUTIR UNA POLITICA AGROPECUARIA que pusiera fin al conflicto de manera definitiva y lleve a la Argentina a mayores niveles de desarrollo para el conjunto de sus habitantes.

Para eso es necesario que se liberen ya las exportaciones de carne y trigo. Argentina consume solo el 30% del trigo que produce. No tiene dificultad para asegurar la harina para todo el pan que consumen los argentinos. Y sin embargo, está cerrada la exportación, provocando grandes pérdidas para los productores y para el país.

El campo debe dejar de ser un sujeto de imposición fiscal para ver cuánta plata se le puede sacar, y atenderlo como un instrumento central para el desarrollo del país y de sus habitantes. Por otra parte, es, después de la administración pública y el comercio, la actividad mayoritariamente generadora de empleos directos e indirectos. El empleo rural ha crecido el 45% y la superficie sembrada lo ha hecho en un 15%.

Mientras que Argentina ejerce sobre el agro una presión fiscal del 23.30%, países con gobiernos progresistas como Brasil y Uruguay lo hacen en el 2,70 y 8% respectivamente. El monto asignado al crédito agropecuario en la Argentina es del 13.20% mientras que en Brasil es el 32,60 y en Uruguay el 57,40%. Y el gasto en infraestructura agropecuaria es del 0,47% en nuestro país, mientras que los países vecinos es del 1,06 y el 6,31%. Eso es lo que demuestra que las políticas progresistas son las que atienden desde el Estado a promover las actividades del campo, con criterios federales y redistributivos.

El Gobierno K propone compensaciones por flete que son insignificantes y la política de subsidios es discrecional con riesgos de corrupción. En el caso lechero, el 77% de las compensaciones han sido percibidas por las grandes industrias lecheras, mientras que solo el 23% llegó repartido a miles de pequeños productores.

Todos los constitucionalistas más prestigiosos del país han coincidido en considerar la inconstitucionalidad de la Resolución del Ministerio de Economía Nº 125/2008. Lo es por el carácter confiscatorio respecto de los productores a los que afecta, y también lo es por violentar seriamente el sistema republicano de división de poderes y el régimen federal de distribución de los recursos, que establece la Constitución Nacional.

Persistir en el sostenimiento de la medida es parte de los caprichos a los que ya nos viene acostumbrando la Presidenta de la Nación (como lo es sostener a funcionarios polémicos) y también el desapego a la normativa institucional.

Nota enviada por Laura Echezarreta y Alberto Murga