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Por: Margarita Stolbizer
EX CANDIDATA A GOBERNADORA DE LA PROV. DE BS.AS.
Fuente: Clarín
Clarín publicó tiempo atrás una nota sobre inseguridad, titulada "En 10 años anunciaron 44 planes contra el delito, pero igual subió". La nota marca la evolución del delito en todo el país, califica como planes a simples "anuncios" gubernamentales, y al mismo tiempo demuestra su fracaso, casi siempre por la falta de implementación. Más grave aún es la falta de un Plan Integral en materia de Seguridad Pública Ciudadana.
Siempre se ha tratado de medidas planteadas frente a la demanda social; a veces por la conmoción creada por un caso particular; pero siempre como parches sobre las consecuencias, que no responden a un plan para erradicar las causas y condiciones que favorecen el delito, ni a una acción eficaz que lo reprima y condene. Un Plan Integral implica un abordaje simultáneo y multidisciplinario desde la política pública. La Seguridad debe ser considerada una cuestión de Estado y requiere una planificación que incluya a todas las organizaciones políticas y sociales para garantizar sustentabilidad.
Esto es lo que transmite tranquilidad a la ciudadanía y firmeza en la acción a la delincuencia. Saber que el sentido de la acción no cambia con los funcionarios ni con la búsqueda demagógica de réditos fáciles, y que la perspectiva de sus resultados está fijada en plazos medianos, con objetivos claros y medidas efectivas.
Sin duda, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. La respuesta es una obligación indelegable del Estado. Todas las áreas del Gobierno deben acudir cooperativamente para resolver esta problemática. La prevención desde lo social, asegurando la permanencia de niños y jóvenes en el espacio educativo y el papel de contención familiar; y desde lo ambiental, la infraestructura debe responder con la iluminación, los caminos y transportes para evitar que sus carencias se conviertan en la principal trampa para la víctima. La acción institucional frente al delito y al delincuente debe contar con el personal policial y judicial preparado y con la formación, los recursos y los soportes tecnológicos necesarios. Por suerte, hay una Argentina nueva que empieza a hacerse cargo de reclamar los cambios.
EX CANDIDATA A GOBERNADORA DE LA PROV. DE BS.AS.
Fuente: Clarín
Clarín publicó tiempo atrás una nota sobre inseguridad, titulada "En 10 años anunciaron 44 planes contra el delito, pero igual subió". La nota marca la evolución del delito en todo el país, califica como planes a simples "anuncios" gubernamentales, y al mismo tiempo demuestra su fracaso, casi siempre por la falta de implementación. Más grave aún es la falta de un Plan Integral en materia de Seguridad Pública Ciudadana.
Siempre se ha tratado de medidas planteadas frente a la demanda social; a veces por la conmoción creada por un caso particular; pero siempre como parches sobre las consecuencias, que no responden a un plan para erradicar las causas y condiciones que favorecen el delito, ni a una acción eficaz que lo reprima y condene. Un Plan Integral implica un abordaje simultáneo y multidisciplinario desde la política pública. La Seguridad debe ser considerada una cuestión de Estado y requiere una planificación que incluya a todas las organizaciones políticas y sociales para garantizar sustentabilidad.
Esto es lo que transmite tranquilidad a la ciudadanía y firmeza en la acción a la delincuencia. Saber que el sentido de la acción no cambia con los funcionarios ni con la búsqueda demagógica de réditos fáciles, y que la perspectiva de sus resultados está fijada en plazos medianos, con objetivos claros y medidas efectivas.
Sin duda, la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de la ciudadanía. La respuesta es una obligación indelegable del Estado. Todas las áreas del Gobierno deben acudir cooperativamente para resolver esta problemática. La prevención desde lo social, asegurando la permanencia de niños y jóvenes en el espacio educativo y el papel de contención familiar; y desde lo ambiental, la infraestructura debe responder con la iluminación, los caminos y transportes para evitar que sus carencias se conviertan en la principal trampa para la víctima. La acción institucional frente al delito y al delincuente debe contar con el personal policial y judicial preparado y con la formación, los recursos y los soportes tecnológicos necesarios. Por suerte, hay una Argentina nueva que empieza a hacerse cargo de reclamar los cambios.
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